La ambientalista Irma Galindo, defensora de los bosques de Oaxaca, desapareció por segunda ocasión y fue vista por última vez el pasado 27 de octubre, según informaron este jueves varias organizaciones.
Por Maury Guzmán Chiomante
Según la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, Galindo fue vista por última vez en Mier y Terán, en Atatlahuca, Oaxaca; el día 27 de octubre del 2021. Este último día mediante las redes sociales denunció el conflicto que vive su pueblo Ñuu Savi. La activista afirmó que el gobierno del Estado de Oaxaca lleva más de dos años arremetiendo en contra de los habitantes, como el desplazamiento forzado, en beneficio de aserraderos locales.
También mediante redes la activista menciono que había intentado presentarse en la mañanera de nuestro presidente AMLO, pero el acceso le fue negado ya que ella no pertenece a ningún medio de comunicación y ante esa situación la ambientalista se manifestó diciendo que:
“¿Cómo se supone que los campesinos obtendremos títulos de profesionista o padrinos políticos? Si nacemos y vivimos en el campo y nos dedicamos a cultivar y estudiar la naturaleza pero ella no nos puede dar ni títulos de campesinos”.
Unos días antes de su desaparición ocurrieron una serie de ataques a las comunidades de Guerrero Grande, Mier y Terán y Ndoyonuyuji, lo que trajo como consecuencia cientos de desplazados.
La defensora recibía amenazas desde el 2018 derivadas de su labor en la protección de los bosques de San Esteban Atatlahuca, Oaxaca, ella denunció la destrucción de los bosques Oaxaqueños con permisos de autoridades federales y en complicidad con autoridades locales y comunitarias.
El 10 de noviembre DEL 2019, fue incendiada su casa y desde ese momento se vio obligada a esconderse durante varios días. En la misma fecha fueron incendiadas alrededor de 10 casas más de su comunidad. Se responsabilizó de tales hechos al presidente municipal y a las autoridades comunitarias.
Trece días después, atacaron a los pueblos de San Esteban Atatlahuca, el ataque propicio que cientos de personas a abandonar sus hogares, decenas de habitantes tuvieron que permanecer en un campamento improvisado en la comunidad de Mier Terán y Ndoyonuyuji.
Derivado del acontecimiento anterior, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) solicitó la investigación y búsqueda de Irma Galindo Barrios, quien fue reportada como desaparecida.
Irma ha sido víctima de intimidación de servidores públicos, hostigamiento, persecución, difamación y de una serie de amenazas de muerte a raíz de su activismo en pro del cuidado de los bosques y en contra de la tala que se vive en su Estado, por lo que llevaba escondiéndose por su cuenta desde el 2019 por falta de mecanismos de protección por falta de su Estado; por estas acciones la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exigió a las autoridades que se realice una investigación rápida y eficiente que garantice que la activista aparezca con vida.
La fiscalía General de la Republica emitió alerta Rosa para dar con el paradero de la defensora de 41 años.
En muchas partes del mundo, ser activista ambiental es cada vez más peligroso, el año pasado fueron asesinados 212 ambientalistas en todo el mundo, y América Latina sigue siendo una de las regiones más peligrosa para los defensores del medio ambiente.
Desde que se inició este sexenio en el 2018 se han presentado 94 homicidios de personas defensoras de derechos humanos.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) insistió que el activismo es esencial, ya que dan voz a los grupos invisibilizados, hacen notar todo aquello que está mal y es por eso que se llegan a enfrentar a situaciones de riesgo debido a los intereses políticos y económicos que enfrentan.
El año pasado la ONU-DH presentó un estudio en el que identificó que el 55 por ciento de los casos de agresiones solía ser contra defensores y periodistas, en donde los perpetradores mayormente eran servidores públicos. Mediante este documento se previeron más de 104 recomendaciones para que el Estado cuente con una política pública integral de protección a esos gremios, con la cual se cumplan las responsabilidades internacionales de México en la materia y que se debe orientar a cuatro obligaciones: la de prevenir, la de respetar la labor (no censurar, agredir, difamar o atacar), la de investigar agresiones y crímenes en su contra, y la de protegerlos.
