En Quintana Roo, bloquear calles y avenidas durante manifestaciones o cualquier otro tipo de protesta ahora puede tener consecuencias graves. De acuerdo con el Artículo 182 de la Ley de Movilidad del Estado, las personas que dañen, alteren o destruyan cualquier vía, señalización o infraestructura vial que no sea de competencia federal, podrán enfrentar penas de prisión de seis meses a cuatro años y multas que van de 50 a 200 días.
Además, si alguien obstaculiza una vía de comunicación o impide el servicio de transporte público o privado, también podría ser sancionado con las mismas penas. Esto incluye situaciones en las que se retenga algún vehículo destinado al servicio público o privado de transporte, o cuando se modifiquen las señales de tránsito con la intención de interrumpir los servicios.
Estas medidas buscan garantizar que las manifestaciones no afecten el derecho de los ciudadanos a transitar libremente, ni el funcionamiento adecuado de los servicios públicos, como el transporte. Las autoridades de Quintana Roo están comprometidas en mantener el orden y la seguridad vial, asegurando que las manifestaciones se lleven a cabo de manera pacífica y sin causar daños a la infraestructura o interrumpir servicios esenciales.
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