En una acción coordinada entre los tres niveles de gobierno, agricultores, empresarios, asociaciones civiles y ciudadanía, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), junto con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), trabaja en la firma del Acuerdo Estatal por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad.
Este proyecto se enmarca en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa, y tiene como propósito consolidar una gestión hídrica equitativa, eficiente y sostenible, en beneficio de toda la población.
Medidas concretas por el agua
El titular de la SEMA, Óscar Rébora Aguilera, subrayó que las acciones que contempla este acuerdo no son retóricas, sino medidas concretas, integradas y progresivas que apuntan a garantizar el derecho humano al agua y la resiliencia ambiental del estado.
Entre las estrategias definidas destacan:
- Fortalecimiento de la coordinación intersectorial entre actores que inciden en la gestión del agua.
- Actualización de instrumentos hídricos y diagnóstico integral de la infraestructura hidráulica.
- Revisión de tarifas de agua para asegurar servicios con enfoque de equidad y eficiencia.
- Reúso de aguas tratadas en la industria para reducir el consumo de agua potable.
Participación plural y objetivos compartidos
Durante la sesión de trabajo, Paola Félix Díaz, coordinadora general del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y gerente de Cooperación Internacional de CONAGUA, presentó los alcances y metas del acuerdo, que buscan garantizar agua de calidad y en cantidad suficiente para todas las personas.
En el evento también participaron:
- Erika Ramírez Méndez, directora local de CONAGUA en Quintana Roo
- Jorge Aguilar Osorio, titular de SEDARPE
- Hugo Federico Garza Sáenz, director de CAPA
- Representantes del sector hotelero, empresarial y agrícola
Este acuerdo se articulará con el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua, firmado el 25 de noviembre de 2024, como una medida clave para enfrentar la crisis hídrica nacional y fortalecer el acceso universal al agua potable.
