Maury Guzmán Chiomante
El próximo lunes 10 de diciembre México comenzará a recibir migrantes del vecino del norte al aceptar la reinstalación de los protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), conocidos como “Quédate en México” programa migratorio instaurado durante el mandato del expresidente Donald Trump, por “razones humanitarias” por lo que Estados Unidos aceptó vacunar a quienes esperarán el trámite a sus solicitudes y otorgar financiamiento a los refugios. Por lo que la promesa existente del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de crear un sistema migratorio que estuviera en las antípodas de las políticas de su predecesor, Donald Trump, seguirá postergada hasta nuevo aviso.
El vecino del norte aceptó las preocupaciones humanitarias de México sobre el tema; entre las que destacan “mayores recursos para albergues y organizaciones internacionales, la protección para grupos vulnerables, la consideración de las condiciones locales de seguridad y de capacidad de albergue y de atención del Instituto Nacional de Migración, así como la aplicación de medidas contra el covid-19, como revisiones médicas y la disponibilidad de vacunas para los migrantes” nos informa la Secretaria de Relaciones Exteriores.
Se calcula que serán deportados hacia nuestro país entre 15 mil y 20 mil migrantes, los cuales permanecerán aquí entre uno y seis meses esperando respuesta a la solicitud de refugio elaborada a Estados Unidos.
Las personas que quieran conseguir asilo deberán acudir, después de presentar la solicitud, a varias audiencias antes de lograr una resolución. Sin embargo para muchos migrantes es muy complicado solventar la espera a dicha resolución ya que carecen de recursos suficientes.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), las niñas y niños migrantes, así como otros grupos demográficos en situación de vulnerabilidad (embarazadas, discapacitados o adultos mayores) no están sujetos al programa, a lo que el personal Mexicano de migración tiene órdenes de no aceptar la devolución de personas en situación de vulnerabilidad, pero varias organizaciones civiles de ambos países han denunciado que esto no sucede; tal es el caso de la American Civil Liberties Union (ACLU), que denunció el retorno de mujeres embarazadas.
Como parte de la reinstalación del MPP, México anunció que no deportará a sus lugares de origen a aquellos migrantes que esperen de este lado de la frontera un fallo sobre su solicitud de refugio en Estados Unidos.
“El gobierno de México ha decidido que, por razones humanitarias y de manera temporal, no retornará a sus países de origen a ciertos migrantes que tengan una cita para aparecer ante un juez migratorio en Estados Unidos para solicitar asilo en ese país”, explicó la Secretaria de Relaciones Exteriores.
Respecto al tema el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el jueves 02 de diciembre que su Gobierno seguirá buscando mantener una buena relación con Estados Unidos, a lo que también expresó que en apego a su política exterior «no se posicionará» con respecto al fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos.
El mandatario agregó que más allá de aplicar restricciones migratorias, el Gobierno Estadounidense necesita invertir en el desarrollo de los países de Centroamérica y procurar ofrecer más visas de trabajo temporales a los migrantes de la región, quienes podrían satisfacer sus requerimientos de mano de obra, como lo mencionó en su estancia en la a Cumbre de Líderes de América del Norte en Nueva York.
También mencionó respecto al tema que «No se puede resolver un problema social sólo con medidas coercitivas, se tiene que atender la causa, se está buscando convencer al gobierno de Estados Unidos para que se invierta en el desarrollo en Centroamérica».
Una vez establecidos los migrantes en el norte del país se puede notar que las condiciones en donde se establecen son infrahumanas, a lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un señalamiento sobre la precariedad en que se encuentran los campamentos improvisados, a lo que la respuesta de las autoridades suele ser el desalojo de estos asentamientos, sin atender ni dar una solución a largo plazo.
Ante todas estas circunstancias varias organizaciones que trabajan con migrantes criticaron la decisión tomada por Estados Unidos; ya que la califican de «inhumana», y solo traerá consigo el aumento del crimen y la violencia en los campamentos fronterizos.
Se esperaba que el presidente de Estados Unidos Joe Biden tuviera una narrativa diferente al expresidente de su nación, que combatiera el extremismo y la xenofobia, pero no se ha hecho un buen trabajo, ya que se siguen cometiendo las mismas atrocidades y las mismas violaciones de Derechos Humanos.
