Con el objetivo de garantizar entornos seguros para niñas, niños y adolescentes, el diputado Hugo Alday Nieto, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado, presentó una iniciativa que busca inhabilitar a personas condenadas por delitos sexuales para ocupar cargos, empleos u oficios relacionados con menores de edad en Quintana Roo.
Reforma para impedir reincidencia de agresores sexuales
La propuesta contempla modificaciones al Código Penal de Quintana Roo, a la Ley de Seguridad Ciudadana y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, con sanciones de inhabilitación de 6 meses hasta 25 años para quienes hayan sido condenados por delitos de índole sexual.
Con ello se pretende cerrar cualquier posibilidad de que agresores reincidan en escuelas, centros culturales, deportivos o espacios de convivencia directa con infancias y adolescencias.
Creación de un Registro Estatal de Personas Agresoras Sexuales
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la creación del Registro Estatal de Personas Agresoras Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual se integrará a la Plataforma de Información en materia de Seguridad Ciudadana.
Este registro no será público y estará disponible únicamente para autoridades de seguridad, justicia y protección social, con el fin de proteger los derechos humanos relacionados con la reinserción social y la presunción de inocencia.
Una medida preventiva con respaldo social
En su exposición de motivos, Alday Nieto subrayó que las agresiones sexuales generan daños irreversibles en la vida de las víctimas, y que es responsabilidad del Estado prevenir antes que castigar. La iniciativa, destacó, se diseñó bajo un ejercicio de Parlamento Abierto, en el que participaron:
- Comisión de Derechos Humanos del Estado.
- Fiscalía General del Estado.
- Barra de Abogados Colegio de Profesionistas de Quintana Roo.
- COPARMEX.
- Representantes de la sociedad civil y colectivos ciudadanos.
Referencia internacional y compromisos de México
La propuesta toma como base experiencias de países como España, Chile y Canadá, que cuentan con mecanismos similares de control para impedir que agresores sexuales trabajen en contacto con menores. Además, se alinea con compromisos internacionales de México como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de Belém do Pará.
“No basta con castigar, es imperativo prevenir. La infancia de Quintana Roo merece vivir libre de violencia, y tenemos la obligación de garantizarlo”, concluyó el legislador.
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